Según varias transcripciones de conversaciones con diplomáticos y legisladores estadounidenses obtenidas por EL PAÍS, Arias "expresaba su profunda preocupación" por los acontecimientos de Portugal y deseaba que Washington le garantizase que apoyaría a Madrid si estallaba una guerra. Era un momento crucial en las relaciones entre los dos países, porque Estados Unidos deseaba renegociar el alquiler de las bases militares y Arias quería que Washington impulsara la entrada de España en la OTAN.
Sin embargo, durante esa misma época, los diplomáticos estadounidenses veían que Arias tenía una relación difícil con el dictador enfermo y otros ministros, sobre todo a propósito de las ejecuciones de miembros de ETA y del FRAP el 27 de septiembre de 1975, a las que se había opuesto. Además, Arias era partidario de ampliar el espectro político, aunque dejando fuera al Partido Comunista de España (PCE), pero, según observaba la embajada de Estados Unidos, la crisis portuguesa le había hecho dudar.
Estas revelaciones se incluyen en una serie de cablegramas diplomáticos entre funcionarios de la Embajada estadounidense en Madrid y el Departamento de Estado, que se han hecho públicos y que EL PAÍS ha obtenido a través de los Archivos Nacionales en Washington. Los documentos reproducen las observaciones de EE UU durante los últimos meses antes de la muerte de Franco.
Durante una reunión celebrada en Jerusalén en marzo de 1975, Arias expuso sus inquietudes al entonces vicesecretario de Estado, Robert Ingersoll, sobre la rápida evolución de los acontecimientos en el vecino Portugal, debido a lo que el presidente del Gobierno llamó "el último acto insensato de Spinola". "Portugal es una seria amenaza contra España, no sólo por el desarrollo que está teniendo la situación, sino por el apoyo exterior que podría obtener y que sería hostil a España", escribió Ingersoll en un cable del 18 de marzo al secretario de Estado, Henry Kissinger.
"España estaría dispuesta a librar el combate anticomunista a solas si es necesario. Es un país fuerte y próspero. No quiere pedir ayuda. Pero confía en que tendrá la cooperación y la comprensión de sus amigos, no sólo en interés de España sino en interés de todos los que piensan igual", informó Ingersoll, que resumió así lo que le había dicho Arias y dijo que le había visto "profundamente inquieto" por Portugal.
El 25 de abril de 1974, un grupo de oficiales portugueses de izquierdas dio un golpe de Estado para derrocar el Gobierno autoritario de Marcelo Caetano, sucesor del dictador António Oliveira Salazar. Los oficiales querían la democracia, y el respaldo popular a su causa fue extendiéndose en multitudinarias manifestaciones. Era lo que se llamó "la revolución de los claveles".
Con la intención de evitar un baño de sangre, Caetano cedió el poder al popular Spinola, que contaba con grandes apoyos entre las fuerzas armadas. The Financial Times lo contó así: Caetano, "sentado en el cuartel del Carmo, rodeado por las fuerzas rebeldes, rogó a Spinola que se hiciera cargo del país [porque era] el único hombre que podía salvarlo. El momento coincidió con la llegada al modesto apartamento de Spinola de unos emisarios del cuartel general de los rebeldes, que le pedían que ocupara la presidencia".
Siete meses después, Spinola renunció al poder, pero el 11 de marzo de 1975, mientras las fuerzas de izquierda ganaban terreno, trató de recuperarlo en un golpe fallido. Arias aseguró a Ingersoll que estaban tomándose las "precauciones apropiadas" para impedir que "los sucesos de Portugal se extiendan al otro lado de la frontera española". "Está convencido de que España debe democratizarse y abrir sus puertas a una mayor participación política popular", observó Ingersoll. "No obstante, la experiencia de Spinola le ha convencido de una cosa: 'no hay que subir ni bajar una colina demasiado deprisa". Y el diplomático añadía: "Parece evidente que los sucesos portugueses han tenido un fuerte efecto negativo en la idea de la liberalización".
El presidente del Gobierno español reiteró su preocupación un mes después, cuando se entrevistó con el senador estadounidense Hugh Scott (republicano de Pensilvania) y cinco colegas más en Madrid, el 7 de abril de 1975. Pero aseguró a los congresistas que en España no se iba a repetir lo sucedido en Portugal porque las circunstancias eran distintas. Entre ellas, decía, "más libertades" en España, más crecimiento económico y mayor distribución de la riqueza. Y las fuerzas armadas españolas no habían "sufrido la tensión de una guerra colonial".
"Arias dice que el Ejército español conoce los peligros del comunismo por la experiencia de la Guerra Civil y está totalmente unido", decía el embajador estadounidense, Wells Stabler, en un cable enviado el 9 de abril. El 28 de mayo, Stabler informaba: "Con su larga frontera con Portugal, a España le resultaría difícil protegerse de una acción subversiva portuguesa".
El 24 de julio, Stabler volvió a reunirse con Arias para hablar de posibles nuevos contratos para las bases estadounidenses en territorio español. Un acuerdo firmado en 1953 había establecido bases aéreas en Torrejón, Zaragoza y Morón de la Frontera y una base naval en Rota. La renovación de los contratos salió a colación durante los últimos meses de Franco. Arias dijo que a España le parecía "inaceptable" contribuir al sistema de defensa de la OTAN sin ser miembro, sobre todo cuando algunos países de la Organización "no sólo vilipendian a España sino que intervienen en sus asuntos internos".
"Arias parece deseoso de demostrar a ciertos países de la OTAN que la situación actual no puede continuar", escribió Stabler. "Pero no está muy seguro de cómo es posible eso sin poner gravemente en peligro la relación con Estados Unidos".
En otro encuentro con el embajador estadounidense, el 8 de octubre, Arias no tuvo reparos en criticar las opiniones europeas sobre España. "En particular mencionó la incongruencia de los países europeos con su actitud hacia la total anarquía que impera en Portugal, que sigue deslizándose hacia el dominio completo de los comunistas, y la que tienen hacia España, que ha sido siempre un bastión contra la expansión comunista".
Algunos países europeos pequeños no contribuían prácticamente en nada a la defensa de Occidente pero eran miembros de la OTAN, explicó Arias. "Mientras que la contribución de España tiene una importancia considerable y, sin embargo, los europeos continúan pensando, irracionalmente, que lo que más les conviene es aislar a España", dijo Arias. Stabler dijo a Arias que no compartía esa opinión y que reconocía su contribución. Pero Washington no quería comprometerse a presionar a sus aliados de la OTAN para que aceptaran a España mientras Franco siguiera con vida. España no entró hasta 1982.
En agosto, surgieron especulaciones de que Franco iba a obligar a dimitir a Arias porque éste seguía adelante con la liberalización política, y los franquistas más duros estaban en contra. La extrema derecha pensaba que Arias era desleal, dijo Stabler cuando Estados Unidos quiso saber qué había de cierto en los rumores.
"Hemos ido a ver a un amigo bien situado en el Gabinete de Arias y le hemos hecho la pregunta directamente", escribió Stabler el 20 de agosto. "Reconoció de inmediato que Arias está pasando apuros, pero dijo que va a permanecer en su puesto. Nos recordó que Arias y sus hombres habían llegado al Gobierno convencidos de que iban a dirigir la transición de Franco a Juan Carlos". El embajador añadía que no creía que Franco se deshiciera de Arias, porque tendría "efectos desestabilizadores a largo plazo".
El mes siguiente, España fue blanco de la indignación internacional cuando Franco ordenó
el 27 de septiembre la ejecución de tres miembros de ETA y dos del FRAP. El encargado de negocios de Estados Unidos, Samuel D. Eaton, escribió a sus superiores en Washington, dos días después de las ejecuciones, que había "insistentes rumores de que, en las deliberaciones preliminares del Gabinete, entre cuatro y ocho ministros de los más liberales se opusieron a las penas de muerte". Entre los mencionados estaban Arias, el ministro de Trabajo, Adolfo Suárez; el de Sindicatos, Alejandro Fernández Sordo; el de la Presidencia, Antonio Carro Martínez; el de Agricultura, Tomás Allende y García Báxter; el de Exteriores, Pedro Cortina, y el de Comercio, José Luis Cerón Ayuso.
"La unanimidad se logró a regañadientes, sólo con el fin de proteger la fachada de unidad del Gobierno en este momento crucial", escribió Eaton.
Por su parte, Francisco Fernández Ordóñez, futuro ministro de Exteriores, contó a los funcionarios de la Embajada estadounidense en noviembre, sólo unas semanas antes de que muriera Franco, que el rey Juan Carlos tenía que echar a Arias cuando asumiera el poder porque el presidente del Gobierno sería un obstáculo para la democracia. Fernández Ordóñez mencionaba, entre los posibles candidatos con "prestigio liberal" para el puesto, a Manuel Fraga y a José María de Areilza, que más tarde fue ministro de Exteriores.
